Una vez más la presión social ha conseguido que la Ley de Tasas haya
sido modificada en dos ocasiones por el mismo Gobierno que puso en marcha la
norma -esta última vez porque los ciudadanos no paguen este tributo-
El Consejo de Ministros celebrado el pasado
viernes 27 de febrero ha aprobado un Real Decreto Ley que suprime la
obligatoriedad del pago de la tasa judicial para el ciudadano, persona física,
en todos los órdenes e instancias, después de más de dos años desde la entrada
en vigor de la ley 10/2012, de 20 de noviembre.
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, pendiente de
sentencia en el Tribunal Constitucional, fue aprobada sin tomar en consideración
la opinión de diferentes sectores judiciales, como las asociaciones de jueces,
fiscales o abogados.
La supresión de tasas se incluye en el Decreto
de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social
que se ha publicado el 28 de febrero en el BOE y que entró en vigor el lunes día 2
de marzo. El Ministro de Justicia explica que “se continúa así trabajando
porque la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial
efectiva”, reconociendo con esto que durante estos dos años largos se ha
vulnerado el acceso a la Justicia para muchos ciudadanos.
Conocida la noticia, el Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE) ha mostrado su satisfacción por la aprobación del RDL, aunque deja constancia que la satisfacción es parcial porque no
extiende la derogación de las tasas también a las pymes, “lo cual repararía
plenamente la injusticia y contribuiría a impulsar el crecimiento económico y
la creación de ocupación”.
La nota del CGAE resalta que la supresión es una
“victoria de los ciudadanos y de la Abogacía que durante tres años ha
encabezado el clamor social y la batalla contra las tasas junto a todos los
operadores jurídicos, partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de
consumidores y asociaciones y colectivos de abogados”.
La medida es una buena noticia para todos los
ciudadanos a los cuales se ha venido limitando su derecho de acceso a la
Justicia.
