La primera respuesta en caso de problemas no puede ser la
ejecución hipotecaria
Los compradores de
una vivienda estarán más bien asesorados sobre los costes y las consecuencias de
asumir una hipoteca y más protegidos en caso de impago, según la nueva directiva sobre hipotecas, que
supone la primera legislación europea en el ámbito hipotecario. Esta directiva
recibió el apoyo del Parlamento Europeo en una
votación a mano levantada, en el mes de septiembre.
La nueva directiva se aplicará a los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra garantía comparable utilizada en un estado miembro, así como a los contratos que tengan como finalidad adquirir o conservar derechos de propiedad sobre fincas o edificios. Las nuevas reglas se adaptarán a los diferentes mercados hipotecarios de los estados miembros, aunque la información al consumidor tendrá que presentarse en un formato homogéneo a toda la Unión Europea.
El pleno rubricó, a la votación mencionada, una serie de enmiendas acordadas con los gobiernos nacionales que alcanzan la práctica totalidad de la normativa. Sin embargo, no se procedió al voto final de la legislación, puesto que queda pendiente que el Parlamento y el Consejo acuerden como supervisar la transposición de estas normas a los estados miembros. Una vez aprobadas las normas, los estados miembros tendrían un plazo de dos años para adaptarlas a sus legislaciones nacionales.
Siete días de reflexión
De acuerdo con el texto adoptado por el Parlamento Europeo, el consumidor dispondrá de un periodo obligatorio de reflexión de siete días antes de firmar un contrato hipotecario, o bien del mismo periodo para retractarse después de la firma, según el que decida cada país.
Antes de firmar cualquier contrato, el consumidor tendrá que recibir, sobre papel o en formato electrónico, información general clara y comprensible sobre los contratos de crédito para conocer el coste total y las consecuencias financieras a largo plazo. Igualmente, los bancos o intermediarios tendrán que ofrecer al consumidor información personalizada para comparar los créditos disponibles al mercado y tomar una decisión fundada en la conveniencia de subscribir la hipoteca.
Demoras y desahucios
La ley exigirá una tolerancia razonable antes de proceder a las ejecuciones, limitará los cargos por impago, impedirá en los estados miembros oponerse a la dación en pago acordada entre las partes, impondrá el deber de buscar el mejor precio para la venta de la propiedad en las ejecuciones y exigirá en los países de la Unión Europea que faciliten el pago, protegiendo los consumidores y evitando el sobreendeudamiento a largo plazo.
No a los préstamos irresponsables
Con el objetivo de frenar los préstamos irresponsables, las entidades vendedoras de hipotecas tendrán que ser autorizadas, registradas y supervisadas por las autoridades nacionales para asegurarse que cumplen requisitos profesionales estrictos.
Por otro lado, se reforzarán los criterios de evaluación de la solvencia del comprador, con lo cual se quiere frenar la concesión de hipotecas a personas que no puedan pagarlas.
Paquetes financieros
La legislación prohibirá a los prestamistas hacer ofertas de crédito condicionadas a la compra de seguros y otros productos financieros de un proveedor especificado. Esta prohibición de productos vinculados facilitará a los consumidores el cambio de proveedor. Por otro lado, productos como por ejemplo una póliza de seguro, si se compran en otro lugar, tendrían que tener el mismo nivel de garantía exigido por el prestamista.
Flexibilidad para amortizar la deuda
La nueva legislación introducirá reglas de flexibilidad en el pago, como un derecho del prestatario para pagar el préstamo antes de tiempo. La entidad bancaria, por su parte, tendrá derecho a recibir una compensación justa por los costes de este reembolso anticipado, pero no podrá imponer multas adicionales por desincentivar esta amortización.
Otros cambios
El Parlamento Europeo ha conseguido introducir otros temas no cubiertos en la propuesta inicial de la Comisión, como por ejemplo la imposición de condiciones estrictas para los préstamos en moneda extranjera (el consumidor tendrá que ser informado del hecho que las cantidades pendientes de pago podrían aumentar) y con un tipo de interés variable, y la obligación de presentar una tasación independiente de la propiedad.
La nueva directiva se aplicará a los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra garantía comparable utilizada en un estado miembro, así como a los contratos que tengan como finalidad adquirir o conservar derechos de propiedad sobre fincas o edificios. Las nuevas reglas se adaptarán a los diferentes mercados hipotecarios de los estados miembros, aunque la información al consumidor tendrá que presentarse en un formato homogéneo a toda la Unión Europea.
El pleno rubricó, a la votación mencionada, una serie de enmiendas acordadas con los gobiernos nacionales que alcanzan la práctica totalidad de la normativa. Sin embargo, no se procedió al voto final de la legislación, puesto que queda pendiente que el Parlamento y el Consejo acuerden como supervisar la transposición de estas normas a los estados miembros. Una vez aprobadas las normas, los estados miembros tendrían un plazo de dos años para adaptarlas a sus legislaciones nacionales.
Siete días de reflexión
De acuerdo con el texto adoptado por el Parlamento Europeo, el consumidor dispondrá de un periodo obligatorio de reflexión de siete días antes de firmar un contrato hipotecario, o bien del mismo periodo para retractarse después de la firma, según el que decida cada país.
Antes de firmar cualquier contrato, el consumidor tendrá que recibir, sobre papel o en formato electrónico, información general clara y comprensible sobre los contratos de crédito para conocer el coste total y las consecuencias financieras a largo plazo. Igualmente, los bancos o intermediarios tendrán que ofrecer al consumidor información personalizada para comparar los créditos disponibles al mercado y tomar una decisión fundada en la conveniencia de subscribir la hipoteca.
Demoras y desahucios
La ley exigirá una tolerancia razonable antes de proceder a las ejecuciones, limitará los cargos por impago, impedirá en los estados miembros oponerse a la dación en pago acordada entre las partes, impondrá el deber de buscar el mejor precio para la venta de la propiedad en las ejecuciones y exigirá en los países de la Unión Europea que faciliten el pago, protegiendo los consumidores y evitando el sobreendeudamiento a largo plazo.
No a los préstamos irresponsables
Con el objetivo de frenar los préstamos irresponsables, las entidades vendedoras de hipotecas tendrán que ser autorizadas, registradas y supervisadas por las autoridades nacionales para asegurarse que cumplen requisitos profesionales estrictos.
Por otro lado, se reforzarán los criterios de evaluación de la solvencia del comprador, con lo cual se quiere frenar la concesión de hipotecas a personas que no puedan pagarlas.
Paquetes financieros
La legislación prohibirá a los prestamistas hacer ofertas de crédito condicionadas a la compra de seguros y otros productos financieros de un proveedor especificado. Esta prohibición de productos vinculados facilitará a los consumidores el cambio de proveedor. Por otro lado, productos como por ejemplo una póliza de seguro, si se compran en otro lugar, tendrían que tener el mismo nivel de garantía exigido por el prestamista.
Flexibilidad para amortizar la deuda
La nueva legislación introducirá reglas de flexibilidad en el pago, como un derecho del prestatario para pagar el préstamo antes de tiempo. La entidad bancaria, por su parte, tendrá derecho a recibir una compensación justa por los costes de este reembolso anticipado, pero no podrá imponer multas adicionales por desincentivar esta amortización.
Otros cambios
El Parlamento Europeo ha conseguido introducir otros temas no cubiertos en la propuesta inicial de la Comisión, como por ejemplo la imposición de condiciones estrictas para los préstamos en moneda extranjera (el consumidor tendrá que ser informado del hecho que las cantidades pendientes de pago podrían aumentar) y con un tipo de interés variable, y la obligación de presentar una tasación independiente de la propiedad.
