sábado, 17 de noviembre de 2012

Deber de información de bienes y derechos situados en el extranjero


Los contribuyentes deberán informar en el primer trimestre de 2013 sobre los bienes y derechos situados en el extranjero. 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que desarrolla las obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero de la nueva Ley 7/2012, de 29 de octubre.

El modelo de declaración será aprobado en breve mediante una orden ministerial. La norma excluye de esta obligación de declarar cuando el valor de los mismos no supere los cincuenta mil euros por cada tipo de bien.

La Agencia Tributaria podrá embargar cuentas en toda la UE

Con el Real Decreto que se adapta a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua,  España se adaptará a la Directiva 2011/16, que impulsa la presencia o participación de funcionarios de la Administración Tributaria de un Estado miembro en las investigaciones administrativas realizadas en otro, y al resto de normas internacionales en la misma línea. 

En estos momentos, Hacienda tiene localizados a más de 660 contribuyentes con una deuda viva total de más de 720 millones de euros en bienes o derechos embargables en distintos países de la UE. Según explica la AEAT, se trata en su mayoría de cuentas e inmuebles.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

España no podrá exigir a sus expatriados que liquiden su IRPF pendiente de imputación cuando cambien de residencia

En una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) concluye que España incumple las obligaciones que le incumben, en virtud del Tratado de la Unión Europea, al haber adoptado una disposición que impone a los contribuyentes que trasladan su residencia a otro Estado miembro la obligación de incluir todas las rentas, pendientes de imputación, en la base imponible del último ejercicio fiscal en el que se les haya considerado contribuyentes residentes. A juicio del Tribunal, “ese régimen es discriminatorio y penaliza a las personas que tienen intención de abandonar dicho Estado miembro en relación con aquellas otras que permanecen en él, por cuanto las primeras están obligadas a pagar el impuesto en el momento de su traslado sin posibilidad de diferirlo”. 

A partir de esta sentencia, no obstante, España no pierde la potestad de gravar estas rentas, pero sí de hacerlo de forma inmediata, por lo que deberá modificar el contenido del artículo 14.3 de la Ley del IRPF. 

En cuanto a la situación de las personas jurídicas que trasladan su residencia, el Tribunal deberá dictar sentencia tras la denuncia presentada también al respecto por la Comisión Europea

sábado, 10 de noviembre de 2012

Nota informativa de la Agencia Tributaria sobre la Ley 7/2012 contra el fraude fiscal


La Agencia Tributaria ha hecho pública una nota informativa en la que se informa sobre las novedades tributarias introducidas por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de lucha contra el fraude, que afectan al Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto Sobre el Valor Añadido, al Régimen de Infracciones y Sanciones regulado en la Ley General Tributaria.

El enlace es el siguiente:


viernes, 9 de noviembre de 2012

La ley española de desahucios incumple la normativa europea.


  • Son incompatibles con las normas de la UE de protección de los consumidores
  • No protege al consumidor contra cláusulas abusivas en el contrato hipotecario
  • Pide que el juez pueda parar un desahucio si hay una cláusula de este tipo
  • El dictamen responde a una cuestión presentada por un juzgado de Barcelona


La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE Juliane Kokott ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. "No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios".

El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia de un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.

En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".

Las conclusiones de la abogada general no tienen carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos.