Ha sido aprobado el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
El presente Real Decreto, recoge en su artículo 1 las modificaciones introducidas por la Directiva 2010/45/UE en materia de facturación, mediante la aprobación de un Reglamento por el que se regulan las obligaciones en dicho ámbito, que sustituye al Reglamento de facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003. Además del Reglamento que se aprueba en el artículo 1, el Real Decreto incluye otros dos artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales. Las principales novedades que se introducen en el Reglamento que se aprueba son las siguientes: Para una mayor seguridad jurídica de los empresarios o profesionales, se aclaran los casos en los que se deben aplicar las normas de facturación establecidas en dicho Reglamento. Como novedad relativa a la obligación de expedir factura, se establece que no se exigirá tal obligación en el caso de determinadas prestaciones de servicios financieros y de seguros, salvo cuando dichas operaciones se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, o en otro Estado miembro de la Unión Europea, y estén sujetas y no exentas. Con la finalidad de establecer un sistema armonizado de facturación, en el sentido marcado por la Directiva 2010/45/UE antes mencionada, y de promover y facilitar el funcionamiento de los pequeños y medianos empresarios, así como de los profesionales, se establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tiques. Las facturas simplificadas tienen un contenido más reducido que las facturas completas u ordinarias y, salvo algunas excepciones, podrán expedirse, a elección del obligado a su expedición, cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, cuando se trate de facturas rectificativas o cuando su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido y se trate, en este último caso, de alguno de los supuestos respecto de los que tradicionalmente se ha autorizado la expedición de tiques en sustitución de facturas. Asimismo, la nueva regulación en materia de facturación supone un decidido impulso a la facturación electrónica, cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria, bajo el principio de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como instrumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas. Se establece una nueva definición de factura electrónica, como aquella factura que, cumpliendo los requisitos establecidos en el propio Reglamento, haya sido expedida y recibida en formato electrónico. Se establece la igualdad de trato entre la factura en papel y la electrónica y se amplía, por tanto, las posibilidades para que el sujeto pasivo pueda expedir facturas por vía electrónica sin necesidad de que la misma quede sujeta al empleo de una tecnología determinada. No obstante, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos pasivos que ya venían utilizando el intercambio electrónico de datos (EDI) y la firma electrónica avanzada, este Reglamento reconoce expresamente que dichas tecnologías, que dejan de ser obligatorias, garantizan la autenticidad del origen y la integridad del contenido de las facturas electrónicas. Asimismo y con el señalado fin, los sujetos pasivos podrán seguir comunicando a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con carácter previo a su utilización, los medios que consideren que garantizan las condiciones citadas, al objeto de que sean, en su caso, validados por la misma. En línea con la armonización que marca la Directiva 2010/45/UE, se establece un plazo para la expedición de las facturas correspondientes a determinadas entregas de bienes o prestaciones de servicios intracomunitarias. Asimismo, con la finalidad de facilitar la gestión administrativa de los sujetos pasivos, se ha estimado conveniente aplicar ese mismo plazo a todas las operaciones efectuadas para otros empresarios o profesionales, tanto interiores como transfronterizas. Este plazo afecta, igualmente, a las facturas recapitulativas. Derogación normativa. A la entrada en vigor de este Real Decreto quedan derogados: a) El Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. b) El artículo tercero y la disposición transitoria única del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Este Real Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2013. Facturas simplificadas. 1. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, o b) Cuando deba expedirse una factura rectificativa. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los empresarios o profesionales podrán igualmente expedir factura simplificada y copia de ésta cuando su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, en las operaciones que se describen a continuación: a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados.
A
estos efectos, tendrán la consideración de ventas al por menor las entregas
de bienes muebles corporales o semovientes en las que el destinatario de la
operación no actúe como empresario o profesional, sino como consumidor final
de aquellos. No se reputarán ventas al por menor las que tengan por objeto
bienes que, por sus características objetivas, envasado, presentación o
estado de conservación, sean principalmente de utilización empresarial o
profesional.
b) Ventas o servicios en ambulancia.
c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor. d) Transportes de personas y sus equipajes. e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto. f) Servicios prestados por salas de baile y discotecas. g) Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador. h) Servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza. i) Utilización de instalaciones deportivas. j) Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos. k) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos. l) Alquiler de películas. m) Servicios de tintorería y lavandería. n) Utilización de autopistas de peaje. 3. El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá autorizar la expedición de facturas simplificadas, en supuestos distintos de los señalados en los apartados anteriores, cuando las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas, dificulten particularmente la inclusión en las mismas de la totalidad de los datos o requisitos previstos en el artículo 6. 4. No podrá expedirse factura simplificada por las siguientes operaciones:
a) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se
refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto.
b) Las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68.Tres y cinco de la Ley del Impuesto cuando, por aplicación de las reglas referidas en dicho precepto, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto. c) Las entregas de bienes o las prestaciones de servicios que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, cuando el proveedor del bien o prestador del servicio no se encuentre establecido en el citado territorio, el sujeto pasivo del Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación sujeta al mismo y la factura sea expedida por este último con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento. d) Las entregas de bienes o prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 2.3.b).a´) y b´). Contenido de las facturas simplificadas. 1. Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, las facturas simplificadas y sus copias contendrán los siguientes datos o requisitos:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas
simplificadas dentro de cada serie será correlativa.
Se
podrán expedir facturas simplificadas mediante series separadas cuando
existan razones que lo justifiquen y, entre otros, en los siguientes casos:
1. Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos
desde los que efectúe sus operaciones.
2. Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza. 3. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta. 4. Las rectificativas.
Cuando
el empresario o profesional expida facturas conforme a este artículo y al
artículo 6 para la documentación de las operaciones efectuadas en un mismo
año natural, será obligatoria la expedición mediante series separadas de unas
y otras.
b) La fecha de su expedición.
c) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura. d) Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición. e) La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados. f) Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión IVA incluido.
Asimismo,
cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos
impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por
separado, además, la parte de base imponible correspondiente a cada una de
las operaciones.
g) Contraprestación total.
h) En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las especificaciones que se modifican. i) En los supuestos a que se refieren las letras j) a o) del artículo 6.1 de este Reglamento, deberá hacerse constar las menciones referidas en las mismas. 2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional y así lo exija, el expedidor de la factura simplificada deberá hacer constar, además, los siguientes datos:
a) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración
tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión
Europea, así como el domicilio del destinatario de las operaciones.
b) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 3. También deberán hacerse constar los datos referidos en el apartado anterior, cuando el destinatario de la operación no sea un empresario o profesional y así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria. 4. Cuando el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aprecie que las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas simplificadas, recomienden la consignación de mayores o menores menciones de las señaladas en los apartados anteriores, podrá:
a) Exigir la inclusión de menciones adicionales a las señaladas en los
apartados anteriores, sin que, en ningún caso, pueda exigirse más información
que aquélla a la que hace referencia el artículo 6.
b) Autorizar la expedición de facturas simplificadas que no incluyan las menciones señaladas en los apartados 1, letras a), c), f), g) e i), y 2 anteriores, siempre que, en los casos de omisión de las menciones a que se refieren las letras f) o g) del apartado 1 mencionadas, se haga constar la cuota tributaria o los datos que permitan calcularla. Los acuerdos a que se refiere este apartado deberán ser objeto de la debida publicidad por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Impuesto General Indirecto Canario e Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla. En relación con las operaciones sujetas al Impuesto General Indirecto Canario, las referencias hechas al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o a esta última deben entenderse hechas, en su caso, al Impuesto General Indirecto Canario y a la Administración tributaria canaria. Asimismo, en cuanto a las operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, las referencias se entenderán hechas al citado tributo y a las autoridades locales de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la coordinación que resulte necesaria entre las citadas Administraciones. Sin perjuicio de las menciones contenidas en los artículos 6 y 7, las normas de gestión del Impuesto General Indirecto Canario determinarán las menciones específicas que deben contener las facturas que documenten las operaciones sujetas al Impuesto, así como los requisitos de autorización para el cumplimiento de las obligaciones de expedir y conservar facturas realizadas por destinatarios o terceros establecidos fuera de las Islas Canarias. En el supuesto regulado en el artículo 16.3, párrafo primero, dentro del régimen especial de las agencias de viajes del Impuesto General Indirecto Canario, se podrá hacer constar en factura, a solicitud del destinatario y bajo la denominación cuotas de IGIC incluidas en el precio, la cantidad resultante de multiplicar el precio total de la operación por 2 y dividir por 100. Adjunto enlace al BOE de la disposción.
Fuente: AECE
|
jueves, 6 de diciembre de 2012
Nuevo reglamento de facturación
jueves, 29 de noviembre de 2012
Deducibilidad fiscal de los gastos de un administrador
En estos días se está hablando mucho de nuevo sobre la ofensiva que la Agencia Tributaria está ejerciendo sobre la figura del socio o administrador de las sociedades mercantiles. La razón de la misma es obligar que las retribuciones de socios o administradores de una sociedad de reducido tamaño se hagan de acuerdo a criterios de mercado. O lo que es lo mismo, se tendrá en cuenta la
importancia real que tiene el socio en la actividad económica de su sociedad, y
no como hasta ahora, que son los propios administradores quienes fijan el valor de
sus retribuciones, siempre a la baja para pagar menos impuestos.
Ante esta tesitura, nos debemos realizar las siguiente pregunta:
¿Son deducibles o no los gastos
de un administrador con cargo gratuito según sus estatutos pero que actúa en la
empresa como gerente o director general?.
Veamos un caso práctico:
·Consulta
vinculante: V0879-12
DESCRIPCIÓN-HECHOS
La consultante es una sociedad de
responsabilidad limitada en cuyos estatutos consta que el cargo de
administrador es gratuito.
El socio mayoritario de la misma es
a su vez, administrador de la mercantil y director general de la misma.
En cumplimiento de la legislación
laboral está dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(R.E.T.A.). Las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a dicho régimen
especial no son asumidas por la sociedad consultante.
Como consecuencia de su labor como
gerente percibe una retribución mensual.
CUESTIÓN-PLANTEADA
Si el gasto correspondiente a la
retribución pactada por las labores de gerencia tiene la consideración de gasto
deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
RESPUESTA-COMPLETA
El apartado 3 del artículo 10 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, establece que “en el método
de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la
aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en
las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se
dicten en desarrollo de las citadas normas”.
Por su parte, el artículo 19 del
TRLIS establece lo siguiente:
“1. Los
ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se
devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros.
2. (…)
3. No serán fiscalmente deducibles
los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y
ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o
reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos
patrimoniales que puedan amortizarse libremente. (…)”
Por tanto, todo gasto contable será
gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades siempre que
cumpla las condiciones legalmente establecidas, en términos de inscripción
contable, imputación con arreglo a devengo, correlación de ingresos y gastos y
justificación documental, siempre que no tenga la consideración de gasto
fiscalmente no deducible por aplicación de algún precepto específico
establecido en el TRLIS.
En el supuesto concreto planteado,
el socio mayoritario de la consultante es a su vez, administrador de la
mercantil y director general de la misma, percibiendo, por sus labores de
gerencia, una retribución mensual. Con arreglo a los estatutos sociales el
cargo de administrador es gratuito.
En este punto conviene traer a
colación, la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en el
Fundamento de Derecho Decimotercero de la sentencia de dicho Tribunal de fecha
13 de noviembre de 2008, acerca de la posibilidad de compatibilizar la
condición de miembro de los órganos de administración de una sociedad y la de
personal de alta dirección, sometido al Derecho laboral. Así siguiendo la
doctrina sentada por las Salas de lo Civil y, especialmente, de lo Social del
alto tribunal cabe afirmar que los órganos de administración de las compañías mercantiles,
cualquiera que sea la forma que revistan, tienen como función esencial y
característica las actividades de dirección, gestión, administración y
representación de la sociedad, por lo que se aprecia un punto de coincidencia
en la delimitación de las actividades de los administradores y del personal de
alta dirección, pues en ambos casos se concreta en el ejercicio de poderes
correspondientes a la titularidad de la empresa. No obstante, en el supuesto de
doble actividad, cuando los consejeros asumen las funciones de administrador
gerente, en principio, y desde una perspectiva objetiva, es difícil apreciar la
dualidad de relaciones (mercantil y laboral especial), por cuanto, a diferencia
de lo que ocurre con la relación laboral común, como sea que estas dos
funciones no aparecen diferenciadas en nuestro Derecho, debe concluirse que,
las primeras absorben las propias de la gerencia, que, en consecuencia, se
considerarán mercantiles.
Con arreglo a lo anterior, dado que,
en el supuesto concreto planteado, el administrador de la sociedad ejerce a su
vez las funciones propias de la gerencia, no es posible apreciar la dualidad de
relaciones -mercantil y laboral especial-, en los términos previamente
señalados, sino que debe concluirse que la relación mercantil prevalece sobre
la laboral especial. Habida cuenta que las funciones de gerencia quedan
absorbidas por las funciones de administrador y éstas son de carácter gratuito,
conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, debe considerarse que la retribución
satisfecha al administrador de la entidad responde, en realidad, a una
liberalidad en los términos establecidos en el artículo 14.1.e) del TRLIS al
resultar superior a lo estatutariamente previsto y, en consecuencia, no será
fiscalmente deducible a efectos de determinar la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades.
Por último, procede señalar que, de
conformidad con el artículo 101.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio (BOE del 29 de noviembre), -en lo sucesivo LIRPF-, el pago
de tales cantidades al administrador de la entidad estará sometido a una retención del 35 por ciento. Este
porcentaje será del 42 por ciento
durante los períodos impositivos 2012 y 2013, según dispone el apartado 4
de la disposición adicional trigésima quinta de la LIRPF.
Lo que comunico a Vd. con efectos
vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
viernes, 23 de noviembre de 2012
jueves, 22 de noviembre de 2012
Se habilita el nuevo servicio electrónico de la Agencia Tributaria para denunciar los pagos en efectivo
Entra en funcionamiento el nuevo servicio que la
Agencia Tributaria ha puesto en marcha para contemplar, según lo
estipulado en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, sobre la
posibilidad de presentar denuncias telemáticamente en la web de la sede electrónica,
concerniente al incumplimiento de la limitación del pago en efectivo de 2.500 Euros por
operaciones realizadas entre profesionales y empresarios.
De este
modo se facilita que cualquier persona que intervenga en una operación pueda
interponer la correspondiente denuncia.
Increíble
es la rapidez con la que ha actuado la Agencia Tributaria ante este tema, y sorprende
que quien incumpla la normativa pueda quedar exonerado de responsabilidad si en
el plazo de 3 meses interpone la correspondiente denuncia….y de forma electrónica.
Este es el enlace pinchar
aquí.
sábado, 17 de noviembre de 2012
Aprobado el Real Decreto-Ley de medidas urgentes que establece una moratoria de dos años en la ejecución de los desahucios de vivienda habitual para determinados colectivos
Ha sido publicado el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de
noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios.
La citada disposición establece que hasta transcurridos dos años desde la
entrada en vigor de este real decreto-ley, no procederá el lanzamiento cuando
en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera
adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda
habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial
vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en la disposición.
Los supuestos de especial vulnerabilidad son:
a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.
d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada
discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad
que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una
actividad laboral.
e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de
desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más
personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por
vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que
se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad
grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para
realizar una actividad laboral.
g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a
lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto
de lanzamiento constituyan su domicilio habitual
La ley prevé que además de los supuestos de especial vulnerabilidad deben
concurrir las circunstancias económicas siguientes:
a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no
supere el límite de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad
familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias
económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos
netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga
sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición
de la misma
Se entenderá:
a) Que se ha producido una alteración significativa de las
circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga
hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.
b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con
independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados
por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
La concurrencia de las circunstancias a que se refiere este real decreto-ley se
acreditará por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución
hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el juez o el notario
encargado del procedimiento, mediante la presentación de los documentos que
enumera el artículo 2 del real decreto-ley.
Esta norma será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de
ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de este
real decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado»
Suscribirse a:
Entradas (Atom)